Los congresistas Edwar Málaga y Héctor Ventura presentaron dos propuestas para incluir los delitos de tráfico ilegal de la vida silvestre en la Ley contra el crimen organizado, pero dichas iniciativas han sido debilitadas en un predictamen elaborado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Expertos advierten que aprobar este predictamen flexibilizará la legislación ambiental peruana frente al tráfico ilegal de especies.
La historia del zorro andino Run Run ha puesto en evidencia la gravedad del tráfico ilícito de fauna en el país, donde los animales silvestres son extraídos de su hábitat natural, poniendo en riesgo a las especies y la biodiversidad. Solo en ocho meses —de enero a agosto de este año—, el Servicio Nacional Forestal y de Flora Silvestre (Serfor) incautó 1.813 especies silvestres vivas que eran comercializadas pese a su prohibición.
El tráfico ilegal de vida silvestre es un delito que consiste en la caza, extracción y comercialización de animales no domesticados. Esta actividad es considerada el cuarto negocio ilícito más importante del mundo, después del narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas. Puede mover entre US$7.000 y US$23.000 millones por año, según la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc).
Solo en el Perú, del 2000 al 2018, se han decomisado 79.025 animales vivos pertenecientes a 324 especies distintas. El Serfor estima que de este total el 20 % tenía destino internacional. Las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios concentran la mayor cantidad de animales que son víctimas de tráfico ilegal.
El tráfico de especies en el Perú es frecuente porque, pese a la gravedad del delito, las penas y multas administrativas para los infractores son bajas, refiere la bióloga Rosa Vento, de Wildlife Conservation Society, (Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre; WCS por sus siglas en Inglés).
